Buscan que Fujimori tenga prisión domiciliaria por una causa todavía abierta

El Ministerio Público de Perú pidió este jueves el arresto domiciliario para el expresidente Alberto Fujimori, que quedó libre en la víspera, por una masacre ocurrida en 1992 cuando estaba al frente del Estado, mientras su defensa anunció que buscará anular las condenas por los dos casos más graves por los que fue condenado.

La Segunda Fiscalía Superior Penal Especializada en Derechos Humanos investiga a Fujimori porque tendría responsabilidad directa en la llamada Masacre de Pativilca, cuyo juicio se hará el 18 de este mes.

Por eso, la Fiscalía pidió 18 meses de prisión domiciliaria para el expresidente, al considerar que existe riesgo procesal.

El exdictador fue excarcelado miércoles después de una decisión del Tribunal Constitucional y la consecuente aprobación del Poder Ejecutivo.

Uno de los abogados del exjefe de Estado, Elio Riera, informó que su patrocinado no saldrá del país “por salud” y se mostró confiado en el proceso.

Este proceso es por el secuestro, la tortura y las muertes que el grupo parapolicial Colina, que dependía directamente de la Presidencia, llevó a cabo contra seis personas, supuestas colaboradoras de la organización Sendero Luminoso.

“Vamos a demostrar su inocencia; estoy seguro de que vamos a ganar ese caso”, afirmó.

El caso Pativilca registra su inicio en el 2015 y se suma al expediente de crímenes de lesa humanidad que habría cometido Fujimori cuando era la máxima autoridad de este país.

Si es condenado, debería volver a prisión porque el indulto con el que fue beneficiado no incluyó este caso.

Por otra parte, Riera anunció que buscará “vía acción constitucional” anular las sentencias previas por violación de derechos humanos contra Fujimori, como la de los casos Barrios Altos y La Cantuta y por el secuestro de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer.

Por esos casos, en los que la justicia lo declaró autor mediato, Fujimori cumplía una condena a 25 años de cárcel que quedó interrumpida ayer.

En declaraciones a la prensa, Riera evitó señalar si es que pretenden pagar las reparaciones civiles que el expresidente tiene pendientes, y en cambio aseguró que buscarán la nulidad de condenas que estaba purgando en el penal de Barbadillo por autoría mediata.

“Esa sentencia puede ser cuestionada vía acción constitucional y eso es lo que venimos haciendo; se encuentran en trámite y espero discutir ese caso que corresponde a Barrios Altos y La Cantuta y también el secuestro de Gorriti-Dyer”, aseguró.

El abogado aseguró que es parte de su trabajo como defensa legal “demostrar la inocencia del señor expresidente”, según el sitio del diario La República.

Fujimori, de 85 años, cumplía desde 2007 una condena a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, que fue interrumpida brevemente entre 2017 y 2018, cuando el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski lo indultó, hasta que pocos meses después la Justicia revocó el beneficio.